José Mª Martí Sánchez
Doctor en Derecho
Si bien aquí el contexto específico se sitúa en los últimos gobiernos y legislaciones en España, el fenómeno se repite, se calca, en prácticamente todas las legislaciones de los países de Occidente, y se intenta imponer mediante supuestos "consensos", pero apelando a la fuerza de agencias supranacionales, como las de la ONU.
Los últimos Gobiernos socialistas han hecho bandera de la «extensión de los derechos». José L. Restán la consideró «como la perla de su legislatura» (Páginas Digital, 25 octubre 2007). A pesar de las restricciones en salarios, pensiones, derechos laborales y el aumento de impuestos, se quiere mantener esa imagen progresista.
De ello presumió Rodríguez Zapatero, en la entrevista ante Flores d’Arcais: «Hay una agenda de leyes que hemos sacado adelante, que estamos sacando o que están en proyecto. La ley del matrimonio homosexual, la ley de agilización del divorcio, la ley de la protección de la mujer contra la violencia de género. Ahora, en el mes de marzo, haremos la ley sobre igualdad de hombres y mujeres. Todas son leyes que amplían los derechos de ciudadanía […]. La trama del conjunto de estas leyes es la ampliación de los derechos» (Micromega, 2 marzo 2006). También insistió mucho en ello el último Congreso Federal del PSOE (julio 2008). Sus resoluciones incluyen un primer apartado: «Socialismo y ciudadanía: más y mejores derechos». Luego leemos: «El nuestro es el partido de la libertad, que trabaja por la no dominación, el partido de la extensión de derechos y libertades, del respeto a la libre decisión de cada persona en la construcción de su proyecto vital».
Antes, la Vicepresidenta primera, en enero de 2008, mostró que ésta era la apuesta principal del Gobierno, con una reacción agria al Encuentro por la Familia Cristiana (30 diciembre 2007). Ésta se dirigía principalmente contra la afirmación del Cardenal Rouco: «el ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás respecto a lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocía y establecía: [...] que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado».
Ya Juan Pablo II, en Memoria e identidad, observó cómo se desvirtuaban los derechos en relación al aborto. «Se trata de un exterminio decidido incluso por parlamentos elegidos democráticamente, en los cuales se invoca el progreso civil de la sociedad y de la humanidad entera […]. Se puede, aún más, se debe plantear la cuestión sobre la presencia en este caso de otra ideología del mal, tal vez más insidiosa y celada, que intenta instrumentalizar incluso los derechos del hombre contra el hombre y contra la familia». En resumen, «las leyes de derechos humanos, pensadas como un escudo, son utilizadas ahora como una espada» (Mons. Fred Henry, citado por J. Flynn, en Zenit.org, 27 abril 2008).
Como explica Marcello Pera, se ha producido un extravío de las instituciones liberales, centradas en el hombre y su desarrollo. Ideologías abstractas y entidades burocráticas han dado la espalda a la sociedad y están imponiendo, desde el poder, consignas inicuas presididas por su odio a Occidente. Siendo así que: «los derechos del poder no pueden ser entendidos de otro modo más que en base al respeto de los derechos objetivos e inalienables del hombre» (Redemptor hominis, 17). El laicismo es una de las ideologías más dañinas por su dogmática aversión al Cristianismo y poner en riesgo lo específico de la persona.
El efecto de esta implicación a fondo del poder político es la degradación de lo humano acompañado de la manipulación del lenguaje.
En el caso del aborto, por ser límite, se ve con claridad. Ya destacaba Julián Marías que cuando se quería eliminar al niño, concebido pero no nacido, se le cosificaba, se le despojaba previamente de su dignidad humana. Pero es éste un fenómeno en expansión. También la maternidad, y no digamos la paternidad que ni se menciona, se han reducido a mera reproducción, deshumanizando el ambiente de amor que preside la procreación. Rof Carballo hablaba del hombre como ser dialógico y de la urdimbre o vínculo psicobiológico que une a madre e hijo. Es una relación personal, una comunidad operativa que precede al nacimiento del niño.
El despojo o reduccionismo afectar a la sociedad entera. Los programas de «educación sexual» tienen esta siniestra aspiración: hacer del aborto una urgencia de sanidad pública de la que hay que concienciar a todos. Es el objetivo de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y de algunas iniciativas del Consejo de Europa. En su seno, Christine McCafferty ha elaborado la Recomendación «Salud sexual y reproductiva» (27 enero 2010), y el proyecto de resolución «Acceso de las mujeres a cuidados médicos legales: problema del recurso no regulado a la objeción de conciencia» (2010).
Desde este planteamiento, ¿qué queda de la solidaridad intergeneracional y de compartir el don de la vida? El hombre se ha vuelto contra la realidad y contra sí mismo, tiene un nuevo derecho a ello. Pues bien, ¡a la cerrazón a la gran innovación que es todo ser humano hay algunos que le llaman progreso!
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