¿Socava la educación sexual escolar los derechos de los padres?
Robert P. George is a professor of politics at Princeton and the founder of the American Principles Project.
Melissa Moschella is a doctoral candidate in political theory at Princeton.
Imagine que tiene un hijo de diez u once años y acaba de matricularle en una escuela pública de educación secundaria. ¿Cómo se sentiría si, como parte de una clase que en principio versa sobre el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, él y sus compañeros recibieran unas “tarjetas de riesgos” ilustradas gráficamente con una variedad de actos sexuales solitarios y en pareja? O si, en otra clase, se le animara a olvidar lo que usted le ha contado sobre el sexo y confiar, en cambio, en los profesores y los miembros del departamento de salud?
Esa perspectiva podría horrorizar a la mayoría de los padres. Pero estas lecciones son parte de los contenidos de educación sexual obligatoria que Dennis M. Walcott, concejal de educación de Nueva York, acaba de incluir en el
plan de estudios de secundaria. Existe para los padres la opción de negarse a recibir las clases de anticoncepción y control de la natalidad, pero es una opción que tiene bastantes limitaciones.
Se puede discutir si esta medida es un efecto o es una causa de la sexualización, cada vez a edades más tempranas, de los niños en nuestra sociedad. Pero nadie puede afirmar con verosimilitud que la educación a los estudiantes de grado medio sobre la masturbación mutua sea moralmente “neutra”. La concepción de una educación sexual “libre de valores” se explotó como un mito hace mucho tiempo. Pero el efecto de tales lecciones es tanto la promoción de una ideología sexual determinada entre los jóvenes como la protección de su salud.
Más allá de visiones morales antagónicas, la nueva política plantea una cuestión más profunda: ¿Puede el gobierno obligar a los padres -al menos a aquellos que no se pueden permitirse pagar la educación privada- a que sus hijos reciban unas clases sobre cuestiones que afectan a la intimidad y la conducta personal que pueden ser contrarias a sus valores morales y religiosos?
Tanto los liberales como los conservadores deben responder negativamente. Estas políticas violan los derechos de los padres, ya sean musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, budistas o no tengan ninguna religión. Para entenderlo, debemos analizar cuidadosamente la relación paterno-filial que da origen a los deberes de servicio y protección que constituyen la patria potestad.
Los padres son responsables de traer nuevas personas al mundo, que nacen unidas a ellos por vínculos de sangre y, normalmente, por un profundo sentimiento. Estas personas recién nacidas son incapaces de desarrollar sus capacidades humanas por su cuenta, por lo que tanto ellos como la sociedad otorgan a los padres la obligación de ayudarles a alcanzar la madurez. Una madurez que requiere atender no sólo a sus necesidades físicas y emocionales, sino también a su crecimiento intelectual y moral.
La educación de los hijos, especialmente en materia moral y religiosa, es muy importante y muy personal: aunque los padres puedan recabar la ayuda de otros en esta tarea, no deja de ser un deber suyo. Los padres son los últimos responsables de la madurez intelectual y moral de sus hijos, por lo que deben gozar de amplios límites de libertad para educar a sus hijos -sobre todo en las cuestiones más profundas- como juzguen más oportuno. Esta es la razón por la que los derechos de los padres son tan importantes: proporcionan una zona de soberanía, un espacio moral para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con sus conciencias.
El derecho de los padres es parecido al derecho de ejercer la propia religión. Al igual que los derechos de los padres, los deberes religiosos son graves y muy personales. Por esta razón, en ausencia de razones plenamente justificadas, sería una grave violación de los derechos individuales si el Estado impide a las personas ejercer lo que ellos consideran sus obligaciones religiosas. Someter a los niños a un adoctrinamiento contra las conciencias de sus padres en materia profundamente personal, no es una violación menor que obligar a unos padres musulmanes a enviar a sus hijos a una misa católica
Es cierto que el Estado debe proteger a los niños contra el abuso y la negligencia. También es cierto que el Estado tiene un interés legítimo en la reducción de embarazos en adolescentes y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Pero no constituye un abuso o una negligencia proteger la inocencia de los niños o formar a los propios hijos en los valores morales más conservadores en lugar de hacerlo en los más liberales. Tampoco es incorrecto ni irracional limitar el control del Estado sobre lo que los propios hijos aprenden y piensan sobre las cuestiones moralmente sensibles. Por el contrario, se requiere esta limitación si los padres han de cumplir sus deberes y ejercer sus legítimos derechos.
A menos que se facilite un mayor control por parte de los padres, las nuevas políticas de Nueva York continuarán usurpando la justa (y reconocida por la Constitución) autoridad de los padres. Convertir el aula en una clase de cualquier catecismo ideológico obligatorio constituye una grave violación de los derechos de los padres, contra la que los ciudadanos de todos los colores ideológicos deberían alzarse y oponerse.
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